La Xunta de Galicia ha resumido la urgencia de su petición al Gobierno central para que este remita a la Comisión Europea los datos actualizados sobre el estado de la población del lobo ibérico. Este informe, correspondiente al período 2019-2024, es fundamental para que la Unión Europea pueda llevar a cabo una evaluación precisa de esta especie protegida y otras bajo su normativa. La Administración gallega ha expresado su preocupación por el prolongado retraso, que ya supera los tres meses desde la aprobación del informe sexenal, y subraya que la situación se ha vuelto insostenible. Además, la Xunta ha recordado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la transferencia pendiente de aproximadamente 12 millones de euros, destinados a apoyar a las explotaciones ganaderas y a implementar medidas preventivas frente al lobo.

La Xunta exige la entrega de informes sobre el lobo a la Comisión Europea

En un significativo llamado, la Xunta de Galicia, a través de su directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, ha instado firmemente al Gobierno español a proceder con la remisión de los datos correspondientes al lobo ibérico a las autoridades de Bruselas. Esta solicitud se hizo pública el jueves 9 de octubre de 2026, durante una reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural. La funcionaria gallega subrayó que ya han transcurrido más de tres meses desde que el informe sexenal sobre el lobo ibérico recibió la aprobación en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, un documento que, según los plazos establecidos, debería haber sido enviado a la Comisión Europea en julio de 2025.

Díaz criticó la postura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acusándolo de posponer “unilateralmente y de forma reiterada” la entrega de esta información crucial. Esta demora, afirmó, obstaculiza seriamente la evaluación adecuada del estatus de protección del lobo y otras especies amparadas por la legislación europea. La directora general calificó la situación de “insostenible” y manifestó la persistencia de objeciones sin una resolución aparente. Adicionalmente, se señaló que el Ministerio aún tiene pendiente la transferencia de unos 12 millones de euros a Galicia, fondos esenciales para el apoyo a las explotaciones ganaderas y la implementación de medidas preventivas destinadas a mitigar los conflictos con el lobo en los años 2022, 2023 y 2025. Esta situación resalta la creciente tensión entre las administraciones regional y central en la gestión de la fauna silvestre y la aplicación de políticas ambientales.

La postura de la Xunta en este asunto revela la complejidad de la gestión de especies protegidas como el lobo ibérico, donde convergen intereses conservacionistas, económicos y políticos. La lentitud en la remisión de datos a nivel europeo no solo genera frustración entre las comunidades autónomas, sino que también podría poner en riesgo la adecuada protección de la biodiversidad y la asignación de recursos necesarios para la coexistencia entre la fauna silvestre y las actividades humanas. Es imperativo que las administraciones trabajen de manera coordinada y eficiente para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y el bienestar de todas las partes involucradas.