La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha denegado la solicitud de medidas cautelares para detener el programa de control poblacional de lobos en el Principado. Este plan contempla la eliminación de hasta 67 individuos de la especie, una medida que había sido cuestionada por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies. Estas entidades habían interpuesto un recurso contra el II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de Actuaciones de Control para la temporada 2026/2027, argumentando que las acciones de control podrían generar un daño irreparable a la población de lobos y que la conservación de la especie debería ser prioritaria. La decisión judicial se basa en la prevalencia del interés público, particularmente la protección de la actividad ganadera y el entorno rural, según lo expuesto por la administración asturiana.

El tribunal, en su auto, señaló que los demandantes no presentaron pruebas suficientes que demostraran que la especie se encuentra amenazada, y destacó los cambios legislativos que han permitido una menor protección del lobo. Además, el Gobierno autonómico asturiano ha informado que la situación de la especie es favorable en la región y que su proliferación está afectando significativamente a la ganadería. Esta postura fue respaldada por la Fundación Artemisan, defensora de la actividad cinegética, la Unión Rural Asturiana (URA) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI), quienes también solicitaron el rechazo de las medidas cautelares. Aunque el TSJA reconoció que la eliminación de lobos podría causar un daño difícil de reparar, consideró que estos argumentos no eran suficientes para suspender el programa.

Ante esta resolución, los defensores del lobo han manifestado su intención de interponer un recurso de reposición. Si este no prospera, elevarán el caso al Tribunal Supremo, subrayando que el estado de conservación del lobo es desfavorable a nivel nacional, de acuerdo con el informe más reciente del Ministerio para la Transición Ecológica. Han recordado que, en decisiones previas, la justicia les había dado la razón, aunque en ocasiones los lobos ya habían sido abatidos sin que se imputaran responsabilidades. Por su parte, la Fundación Artemisan celebró la decisión del TSJA, destacando que el auto valida los informes que confirman un estado de conservación favorable del lobo en Asturias y la compatibilidad del programa de control con el mantenimiento de la población, así como la necesidad de proteger la ganadería de los daños ocasionados por esta especie.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aunque polémica, refleja la compleja balanza entre la conservación de especies silvestres y la protección de actividades económicas esenciales para el medio rural. Este caso subraya la importancia de abordar la coexistencia entre la fauna y las comunidades humanas con un enfoque integral, que considere tanto los aspectos ecológicos como los socioeconómicos. Es fundamental que todas las partes involucradas continúen buscando soluciones que permitan el desarrollo sostenible, salvaguardando la biodiversidad y apoyando a quienes dependen del campo para su sustento, promoviendo así un equilibrio que beneficie a todos.