La electrificación de los vehículos de flota en España se perfila como un catalizador de crecimiento económico y creación de empleo. Un reciente estudio del instituto alemán Fraunhofer ISI, encargado por Transporte y Medioambiente (T&E), revela que esta transición podría generar hasta 10.700 nuevos puestos de trabajo y atraer inversiones de aproximadamente 900 millones de euros para el año 2030. Estos beneficios se derivarían principalmente de la expansión de la cadena de fabricación de vehículos eléctricos en las plantas españolas, convirtiendo la movilidad sostenible en una oportunidad industrial significativa para el país y el continente europeo en general.

El informe subraya que estas proyecciones optimistas están intrínsecamente ligadas a una electrificación acelerada de las grandes flotas empresariales. Al responder a la demanda del sector corporativo y cumplir con los estándares de producción europea, la movilidad eléctrica puede transformarse en una vía importante para el desarrollo laboral. La responsable de políticas de flotas limpias de T&E, Sofie Grande y Rodríguez, enfatiza que los vehículos de empresa representan la ruta más rápida para materializar los empleos europeos derivados de la transición eléctrica.

A nivel de la Unión Europea, el estudio prevé que una transición acelerada hacia vehículos eléctricos en flotas corporativas podría generar hasta 344.000 empleos adicionales, además de inyectar 18.000 millones de euros en nuevas inversiones y 20.000 millones de euros en valor económico adicional. Sin embargo, en un escenario más conservador, la creación de empleo se limitaría a 196.000 puestos de trabajo. En España, los principales beneficios provendrían de la expansión de la producción de vehículos eléctricos, así como de proyectos industriales de fabricantes asiáticos, como SAIC/MG y Leapmotor, que se asocian con empresas españolas como Stellantis y Ebro.

Alemania se proyecta como el país más beneficiado con 134.000 nuevos empleos, seguido por Polonia con 38.500. Estas estimaciones se basan en una implementación rigurosa de la normativa europea sobre vehículos corporativos limpios, la cual estipula que al menos el 45% de las nuevas matriculaciones de grandes empresas deben ser vehículos de cero emisiones para 2030. En el caso específico de España, el objetivo mínimo propuesto por la Comisión Europea es del 36%.

La propuesta también considera la restricción, a partir de enero de 2028, de incentivos fiscales y ayudas públicas a vehículos empresariales fabricados fuera de Europa que no cumplan ciertos criterios de bajas emisiones. T&E advierte que suavizar estos requisitos de producción en el continente podría mermar los incentivos para establecer fábricas en Europa, en un entorno de creciente competencia global, especialmente con China. Las flotas corporativas, que constituyen aproximadamente el 60% de las nuevas matriculaciones de turismos en la UE y se renuevan con mayor frecuencia, tienen un impacto significativo en el mercado de vehículos de segunda mano, lo que amplifica la importancia de esta transición.