Dos años después de la tormenta DANA que azotó España, familiares de víctimas y diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo colectivos sociales, agrarios y ecologistas, alzan su voz para demandar una estrategia de reconstrucción que proteja adecuadamente las áreas residenciales, restaure los lechos de los ríos y evite la persistencia de las vulnerabilidades del terreno. Su principal reclamo se centra en la necesidad de no reconstruir en áreas de alto riesgo, una preocupación fundamental expresada en un manifiesto conjunto. Estas entidades critican a las autoridades por su enfoque en infraestructuras de asfalto y hormigón, y por ofrecer solo ayudas paliativas, proponiendo en cambio detener el desarrollo urbanístico en zonas peligrosas, devolver su espacio natural a los ríos y salvaguardar los suelos agrícolas. Para lograr esto, enfatizan la importancia de contar con un presupuesto suficiente, total transparencia y una participación comunitaria vinculante.

El documento estratégico, que aborda la reconstrucción post-DANA, vincula la prevención de inundaciones con aspectos cruciales como la vivienda, los servicios públicos y la actividad agrícola. Entre sus peticiones se incluyen la reubicación o adaptación de centros educativos, residencias y hospitales situados en zonas de riesgo, el fomento de métodos agrícolas ecológicos y la mejora de la preparación ciudadana ante emergencias. Las organizaciones firmantes subrayan que una «mejor reconstrucción» implica prevenir que la población se vea nuevamente expuesta a peligros. Además, proponen una moratoria inmediata para nuevos proyectos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de construcción, asegurando la protección de los suelos agrícolas y la renaturalización de los sistemas fluviales con vegetación autóctona y sistemas de drenaje sostenibles. Esta visión integral busca que el territorio funcione como una "esponja natural" frente a eventos climáticos extremos, promoviendo también la soberanía alimentaria mediante la agricultura ecológica y el apoyo a los pequeños agricultores.

Finalmente, la propuesta de las organizaciones sitúa los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad colectiva como pilares de la reconstrucción. Se exige la reconfiguración o el traslado de infraestructuras vitales, como escuelas y centros de salud, fuera de las áreas de peligro. También se aboga por una red de transporte público eficiente y el desarrollo de "ciudades de 15 minutos" para reducir la dependencia del automóvil. En el ámbito de la vivienda, se solicita la regulación de los precios de alquiler para combatir la especulación, la expansión del parque de vivienda pública y la rehabilitación de hogares con criterios de cero emisiones. El manifiesto concluye con un llamado a una gobernanza descentralizada que reconozca a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, y a una gestión de emergencias basada en la veracidad, la rendición de cuentas y la formación continua de la ciudadanía.

La tragedia de la DANA ha revelado la necesidad imperante de un cambio de paradigma en la planificación territorial y la gestión de riesgos. Es fundamental aprender de los eventos pasados para construir comunidades más resilientes y sostenibles, donde la vida humana y el equilibrio ecológico sean las prioridades absolutas. Solo a través de la colaboración entre ciudadanos, organizaciones y autoridades, con una visión a largo plazo y un compromiso firme con la justicia climática, podremos asegurar un futuro más seguro y próspero para todos.