La polémica entre Ikea y Greenpeace acerca de la tala de bosques en Rumanía ha escalado, situándose en el centro de atención durante la reciente COP17 de biodiversidad. Greenpeace ha emitido un informe que acusa a los proveedores de la gigante sueca de llevar a cabo talas en una región de los Cárpatos que debería gozar de protección estricta. Por su parte, Ikea defiende la legalidad de sus operaciones y su adhesión a los estándares del Consejo de Administración Forestal (FSC), mientras que las autoridades rumanas descartan cualquier irregularidad. Este enfrentamiento subraya las tensiones entre la explotación comercial y la conservación de ecosistemas vitales, en un momento crucial para la protección global de la biodiversidad.

La controversia se intensificó con la publicación del informe de Greenpeace, coincidiendo con la COP17 de biodiversidad celebrada en Ereván. La organización ambientalista sostiene que los proveedores de Ikea están implicados en la deforestación de bosques antiguos en los Cárpatos rumanos, un área de alto valor ecológico que, según la ONG, ha sido objeto de talas pese a su propuesta para ser designada como zona de protección estricta. Los activistas argumentan que Ikea, siendo uno de los mayores propietarios forestales en Rumanía, ha actuado bajo la sombra de permisos que, en la práctica, facilitan la destrucción de estos ecosistemas.

Según la investigación de Greenpeace, una parcela específica en Poiana Rusca, que estaba en proceso de ser catalogada para una protección rigurosa, fue completamente talada, dejando solo troncos. Este hallazgo, presentado en su informe titulado "El manual que falta: lo que Ikea debe hacer para proteger los bosques de Europa", critica la brecha entre las promesas de sostenibilidad de la empresa y sus prácticas en el terreno. Greenpeace cuestiona la efectividad de los sistemas de certificación, como el FSC, al permitir la extracción de madera de bosques primarios y zonas protegidas.

Ikea, por su parte, ha emitido un comunicado refutando las acusaciones de destruir bosques vírgenes. La empresa sueca asegura que todas sus actividades de abastecimiento de madera cumplen con la legislación vigente y con los estrictos estándares del FSC. Argumentan que la consideración de una zona para futura protección no implica, por sí misma, restricciones legales inmediatas. Además, se han comprometido a supervisar la regeneración de las áreas afectadas para asegurar el crecimiento de nuevos bosques.

El Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía también ha respaldado la versión de Ikea, indicando que las talas se han realizado conforme a un plan de manejo forestal progresivo que se aplica desde 1998, el cual incluye medidas para la regeneración natural. Asimismo, el ministerio negó que la parcela en disputa haya sido retirada de la lista de zonas propuestas para protección. No obstante, las organizaciones ecologistas insisten en que, a pesar de la legalidad de las operaciones, la magnitud de la deforestación legal sigue siendo profundamente perjudicial para los Cárpatos, hogar del 60% de los bosques vírgenes templados de la Unión Europea y un refugio crucial para numerosas especies.

Desde la caída del comunismo en 1989 y la apertura al capital privado, Rumanía ha experimentado una notable disminución de su superficie forestal. Las cifras de Global Forest Watch revelan una pérdida significativa de cobertura boscosa entre 2001 y 2024. Aunque el Instituto Nacional de Estadística rumano reportó un ligero aumento en la superficie forestal en 2025 debido a reclasificaciones, la regeneración del bosque disminuyó, mientras que el volumen de madera extraída aumentó. Este panorama resalta la complejidad de la situación, donde la tala legal, sumada a la ilegal, contribuye a una degradación ambiental sostenida, según activistas como Gabriel Paun de Agent Green.