La ineficacia de la protección marina: un llamado a la acción

La destructiva práctica de la pesca de arrastre en áreas protegidas

La pesca de arrastre, reconocida por su severo daño a los ecosistemas marinos, continúa operando en al menos seis zonas de la Red Natura 2000, según un informe de Oceana, una importante entidad internacional dedicada a la protección oceánica. Esta actividad es una de las que más deteriora los fondos marinos.

Alcance del estudio y zonas afectadas

La investigación se centró en seis áreas designadas en 2014, cuyos planes de gestión, pendientes desde 2021, incluyen el Canal de Menorca, el Sistema de Cañones Submarinos de Avilés, el Espacio Marino de Alborán, el Sur de Almería-Seco de los Olivos, los Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz y el Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León.

Evidencia de actividad pesquera en 2025

El análisis, utilizando datos de Global Fishing Watch, reveló más de 51.000 horas de actividad de pesca de arrastre visible en estas seis áreas teóricamente protegidas durante 2025. Un total de 3.456 horas de esta actividad se llevaron a cabo directamente sobre hábitats mapeados como especialmente vulnerables.

Impacto en la biodiversidad marina

El estudio identificó 205 embarcaciones realizando pesca de arrastre en estas áreas, afectando ecosistemas frágiles como praderas de posidonia, arrecifes, cañones submarinos y corales de aguas frías, todos altamente susceptibles al daño físico causado por esta práctica pesquera.

Contradicción entre compromisos y realidad

Oceana subraya una flagrante incongruencia entre los acuerdos de conservación que España ha firmado y la situación actual en sus aguas, lo que, según la organización, desvirtúa los esfuerzos de protección.

La protección "en papel" no es suficiente

En la última década, España ha aumentado en un 25 % la superficie marina bajo algún esquema de protección para salvaguardar hábitats y especies en riesgo. No obstante, Oceana enfatiza que la mera designación de áreas protegidas es insuficiente; su efectividad depende de la implementación y el cumplimiento de medidas de gestión adecuadas.

Retrasos en la gestión de áreas Natura 2000

La aprobación de los planes de gestión para nueve importantes áreas marinas de la Red Natura 2000, vitales para la iniciativa LIFE INTEMARES con una inversión de 50 millones de euros, se ha pospuesto hasta junio de 2027. Este retraso permite que actividades perjudiciales continúen en zonas de alto valor ecológico, cuestionando la verdadera eficacia de la protección en las áreas marinas españolas.

Críticas a la gestión y la falta de acción

Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa, ha criticado que España no puede vanagloriarse de una vasta red de áreas marinas protegidas si la mayoría carece de una gestión efectiva. Las seis áreas analizadas son un ejemplo claro de las deficiencias en la conservación marina nacional, donde la protección es solo nominal.

Directrices de la Unión Europea sobre pesca de arrastre

La Comisión Europea ha priorizado la restricción o eliminación de las artes de pesca de contacto con el fondo en áreas marinas protegidas para fomentar la recuperación de la biodiversidad. Esta postura, respaldada por la comunidad científica, destaca la necesidad de evaluar el impacto de la pesca de arrastre y establecer zonas de exclusión.

Incumplimiento de la Directiva Hábitats y el Reglamento Mediterráneo

La autorización de la pesca de arrastre en áreas Natura 2000 contraviene el artículo 6 de la Directiva Hábitats, que prohíbe el deterioro de los hábitats protegidos sin una evaluación de impacto adecuada. Además, en el Mediterráneo, la pesca de arrastre en zonas protegidas viola el artículo 4 del Reglamento Mediterráneo, que prohíbe el uso de ciertas artes de pesca en hábitats sensibles.

Demandas de transparencia y cumplimiento gubernamental

Oceana ha reportado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha indicado que los planes de gestión para algunas de las áreas están en proceso. La organización insta al gobierno a aprobar estos planes antes de las elecciones generales de noviembre y lamenta la falta de datos oficiales por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que obstaculiza una evaluación independiente de las presiones pesqueras.