La comunidad internacional se enfrenta a un desafío crucial para el futuro del planeta: el ambicioso objetivo 30x30, que busca asegurar la protección del 30% de las superficies terrestres y marinas para el año 2030. Sin embargo, las proyecciones actuales revelan un panorama desalentador. A pesar de los llamados urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los compromisos asumidos por los países están muy lejos de alcanzar esta meta. Se estima que, de mantenerse las tendencias actuales, para el año 2030 apenas el 26% de los ecosistemas terrestres y un alarmante 12% de los marinos estarán bajo algún régimen de conservación. Esta brecha significativa pone en jaque la promesa de salvaguardar la biodiversidad, un pilar fundamental para la alimentación, la salud y el suministro de agua dulce a nivel global. La situación se agrava por una contradicción económica perjudicial: por cada dólar destinado a la conservación natural, se invierten treinta en actividades que la degradan, lo que evidencia una necesidad imperante de reorientar las políticas financieras y sectoriales para evitar un colapso ecológico.

En vísperas de la 17ª Conferencia de las Partes (COP17) sobre biodiversidad, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un enérgico llamado a la acción. Durante la Cumbre de Líderes celebrada en Ereván, Armenia, Guterres enfatizó la dependencia humana de la biodiversidad, señalando que los alimentos, el agua y el aire que respiramos provienen directamente de ella. A pesar de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, que impulsó la creación de objetivos nacionales en casi el 90% de los países, los avances son insuficientes. Aunque se han protegido 1,3 millones de kilómetros cuadrados de tierra y 6 millones de kilómetros cuadrados de océano adicionales, estas cifras no son suficientes para alcanzar la meta del 30%. El informe de la ONU sobre el Estado de la Acción en Favor de la Biodiversidad resalta los retrasos en la implementación y las deficiencias en la financiación, la capacidad técnica y la cooperación científica, factores que obstaculizan el progreso hacia el objetivo 30x30.

La advertencia de Guterres se centró en la triple crisis planetaria: contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, exacerbadas por el sobrepastoreo y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Más de un millón de especies se encuentran al borde de la extinción, lo que subraya la urgencia de una respuesta global coordinada. Guterres instó a los gobiernos a fortalecer su liderazgo, promoviendo una transición de políticas destructivas a prácticas conservacionistas, tales como la economía circular, la agricultura sostenible y un monitoreo más riguroso. La Declaración de Ereván, adoptada durante la Cumbre de Líderes, se alinea con estas prioridades al integrar la biodiversidad en las políticas públicas y los presupuestos nacionales.

Un aspecto crítico es la reorientación de la financiación. Guterres criticó la asignación de billones de dólares a sectores perjudiciales para los ecosistemas, como la industria pesada contaminante, la agroindustria destructiva y los combustibles fósiles. Urgió a los gobiernos a eliminar estos subsidios y redirigir los fondos hacia iniciativas que beneficien a las personas y al planeta. Para alcanzar los objetivos globales en biodiversidad, clima y restauración de tierras, se estima que las inversiones anuales en soluciones basadas en la naturaleza deben ascender a 571 mil millones de dólares para 2030, una cifra que representa aproximadamente el 0,5% del Producto Interno Bruto mundial. Este cambio en la inversión es esencial para lograr una protección eficaz, medible y ecológicamente representativa, asegurando que las áreas protegidas estén conectadas y gestionadas con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, garantizando así la conservación de la biodiversidad.

Más allá de los gobiernos, el Secretario General subrayó la importancia de la movilización del sector privado y de toda la sociedad. Las empresas, en particular, deben contribuir significativamente a la financiación de la conservación, apoyando iniciativas como el Fondo de Cali, respaldado por la ONU. Aunque se han observado avances positivos en energías renovables, con una caída considerable en los costos y un aumento en las inversiones, estos beneficios no se distribuyen equitativamente, dejando a muchos países en desarrollo con obstáculos financieros. La implicación de jóvenes, mujeres, sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales es crucial, ya que son a menudo los más afectados por el deterioro ambiental y, a la vez, los impulsores de soluciones innovadoras. La lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación es una prioridad ineludible que exige acción inmediata y concertada por el bienestar de las generaciones futuras y de todas las formas de vida en la Tierra.