El gobierno español ha reiterado la validez de la información proporcionada a la Comisión Europea sobre el lobo ibérico, entregada en 2025. Sin embargo, se enfrenta a discrepancias técnicas con las comunidades autónomas para formalizar el informe oficial. Tras los graves incendios forestales y acciones de control letal, se ha solicitado una actualización urgente del censo para reflejar la demografía actual de la especie y evitar enviar datos desactualizados a Bruselas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha enfatizado que los datos iniciales sobre la población de lobos ibéricos fueron comunicados a la Comisión Europea en agosto de 2025. No obstante, la presentación formal del informe sexenal requerido por Europa se ha visto obstaculizada por diferencias en la interpretación de los datos científicos entre las comunidades autónomas y la comunidad científica. Morán ha subrayado que no se puede pedir a la Comisión que elija entre estas interpretaciones, instando a las autonomías a revisar sus propios análisis para lograr una visión unificada.

La necesidad de una revisión exhaustiva del censo se ha vuelto crucial debido a los importantes cambios en el ecosistema. Los devastadores incendios forestales registrados el año pasado, especialmente en el noroeste peninsular, han tenido un impacto considerable en la demografía del lobo. Además, diversas comunidades autónomas han implementado medidas letales para el control de lobos, lo que ha alterado significativamente el número real de ejemplares y la estructura de sus poblaciones. Enviar información sin considerar estos factores recientes sería, según el gobierno, una omisión deliberada y engañosa para las autoridades europeas.

Actualmente, se ha abierto un periodo de consulta pública para recabar y actualizar toda la información pertinente. Este proceso busca estandarizar los criterios biológicos y censales antes de la próxima Conferencia Sectorial. El objetivo final es elaborar un informe fiable y transparente que refleje de manera precisa el estado de conservación del lobo ibérico, garantizando la rigurosidad y evitando cualquier tipo de desinformación ante la Unión Europea.

La postura del gobierno se produce en un contexto de tensión, ya que catorce comunidades autónomas han anunciado acciones judiciales contra la gestión estatal. Estas comunidades argumentan que los retrasos en la remisión de informes han provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España por parte de la Comisión Europea. El Ministerio, por su parte, insiste en la necesidad de contar con un censo actualizado y consensuado que evite presentar una imagen distorsionada de la realidad a Bruselas.