Ecologistas en Acción ha manifestado su inquietud ante la postura de la asociación de empresas de centros de datos en España (SpainDC) respecto a un borrador de Real Decreto. Este decreto busca imponer requisitos de sostenibilidad, como el uso de un 80% de electricidad renovable y una mayor eficiencia hídrica, para la creciente industria de centros de datos en el país. La organización ambientalista defiende la necesidad de una regulación estricta frente a la rápida expansión del sector y critica las amenazas de la industria de retirar inversiones y solicitar compensaciones económicas si la normativa avanza. Ante la posibilidad de que el gobierno flexibilice las exigencias y cree una mesa técnica sin la participación de la sociedad civil, Ecologistas en Acción ha solicitado formar parte de estas discusiones para asegurar que no se ceda a las presiones empresariales y que se mantenga el compromiso con la transición energética. La entidad subraya la importancia de integrar la voz de la ciudadanía y expertos científicos en la elaboración de una normativa con impacto directo en los territorios afectados.

La urgencia de una regulación sostenible para los centros de datos

Ecologistas en Acción ha alzado la voz frente a la reacción de la patronal española de promotores de centros de datos, SpainDC, en relación con el Real Decreto que el Gobierno de España está desarrollando para establecer pautas de sostenibilidad en esta industria. La organización ambiental considera indispensable esta normativa ante el crecimiento sin control del sector y ha alertado sobre las presiones de la industria, que ha llegado a amenazar con la retirada de capitales e incluso con demandas millonarias si la propuesta regulatoria sigue adelante.

La preocupación de Ecologistas en Acción se intensifica ante la posible flexibilización de las exigencias por parte del Gobierno y la constitución de una mesa técnica con la participación exclusiva de SpainDC. La organización insiste en que una negociación sin la sociedad civil vulneraría el principio de participación ciudadana y dejaría de lado a las comunidades directamente afectadas por estos proyectos. Por ello, han solicitado una audiencia con el Consejo de Estado para que sus argumentos sean considerados en el dictamen final, y han instado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a garantizar la inclusión de la ciudadanía y la comunidad científica en cualquier diálogo sobre esta crucial regulación.

Impacto ambiental y presiones de la industria: Un equilibrio necesario

El rápido desarrollo de los centros de datos plantea desafíos significativos en términos de consumo energético y hídrico. Por esta razón, la propuesta de Real Decreto en España busca establecer un marco regulatorio que promueva la sostenibilidad, incluyendo objetivos ambiciosos como el uso de un 80% de energía proveniente de fuentes renovables y una gestión eficiente del agua. Esta medida responde a la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de las infraestructuras digitales y la necesidad de alinear el avance tecnológico con la protección del medio ambiente.

Sin embargo, la implementación de tales regulaciones enfrenta la oposición de la industria, representada por SpainDC, que argumenta que las exigencias podrían afectar la viabilidad económica y la competitividad del sector. La disputa actual entre los ecologistas y la patronal pone de manifiesto la tensión inherente entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. La demanda de Ecologistas en Acción de una participación equitativa en las mesas de negociación es crucial para asegurar que el proceso regulatorio sea transparente, justo y considere una diversidad de perspectivas, garantizando así un equilibrio entre el progreso tecnológico y los imperativos de sostenibilidad y bienestar social.