La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha alzado su voz contra la propuesta de expansión de la actividad minera en dos canteras a cielo abierto en las proximidades de Arroyo Tercero, en Moratalla, Murcia. La organización denuncia que el Estudio de Impacto Ambiental presentado, además de haber expirado hace años, ignora tres décadas de supuestas operaciones mineras sin la debida autorización. Esta situación representa una grave amenaza para la Sierra de Villafuerte, un espacio natural protegido, y para los residentes cercanos, que sufrirían un deterioro en la calidad del aire, una reducción de los recursos hídricos y la destrucción de parajes dentro de la valiosa Red Natura 2000.

ANSE ha formalizado alegaciones al expediente de Evaluación de Impacto Ambiental, solicitando el rechazo definitivo del proyecto y la apertura de investigaciones sancionadoras por los considerables perjuicios ambientales ya causados. Las minas, ubicadas a menos de 500 metros de la aldea de Arroyo Tercero, afectan directamente a la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Sierra de Villafuerte" y a importantes yacimientos de arte rupestre, reconocidos como Bienes de Interés Cultural. La asociación ya había alertado sobre el impacto de estas explotaciones en los ecosistemas montañosos hace un cuarto de siglo, lo que subraya la persistencia del problema y la inacción ante las advertencias previas.

El informe ambiental presentado por los promotores ha sido fuertemente criticado por ANSE por sus numerosas deficiencias e irregularidades. La organización señala que el estudio data de 2016, invalidando su vigencia legal según la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, se acusa al expediente de intentar legitimar obras realizadas de manera ilícita durante más de 30 años, lo que contraviene la legislación ambiental y se considera un fraude de ley. El documento no evalúa adecuadamente el impacto en la salud de los habitantes de Arroyo Tercero ni en los hábitats de la ZEC, obvia las afectaciones a los yacimientos de arte rupestre, minimiza la alternativa de no explotación y, alarmantemente, no menciona los crímenes ambientales ocurridos en la zona durante décadas, como vertederos y pistas ilegales.

Es crucial que las autoridades ambientales adopten una postura firme en defensa del patrimonio natural y cultural. La conservación de la biodiversidad, la protección de los entornos naturales y el respeto a la legalidad son pilares fundamentales para garantizar un futuro sostenible para las comunidades y el medio ambiente. La transparencia en los procesos de evaluación ambiental y la aplicación rigurosa de la ley son esenciales para evitar la impunidad ante daños irreparables y asegurar que el desarrollo se realice en armonía con la naturaleza.