Once miembros de la organización ecologista Greenpeace se encuentran en el punto de mira judicial en Valencia, enfrentándose a severas penas de prisión tras una manifestación pacífica en 2021. La Fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel para cada uno de los implicados en la acción contra un barco gasero en Sagunto. Este proceso judicial ha generado una ola de críticas y preocupación por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian una alarmante tendencia hacia la criminalización de la protesta ambiental a nivel mundial.

La situación ha escalado, y el próximo 23 de septiembre marcará el inicio del proceso legal. La protesta en cuestión se llevó a cabo hace tres años, en un período de emergencia climática global y en un contexto post-pandémico. Los 11 acusados, de ocho nacionalidades distintas, incluyendo cuatro españoles, enfrentan lo que se considera la mayor solicitud de pena contra activistas ambientales en Europa. Además de las sentencias de prisión, se exige el resarcimiento por los daños presuntamente ocasionados. Cabe destacar que, incluso antes del juicio, Greenpeace ya ha cubierto multas que superan los 160.000 euros, calificadas de "abusivas" por la organización.

Este caso ha captado la atención internacional, provocando la intervención de figuras prominentes en la defensa de los derechos humanos. Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para defensores ambientales, y Amnistía Internacional, han manifestado su intención de fungir como observadores durante el juicio. Asimismo, el colectivo ecologista ha recibido un amplio respaldo de organizaciones españolas dedicadas a monitorear la libertad de protesta, como Novact, Irídia, Legal Sol, y las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende.

Greenpeace interpreta este juicio como un eslabón más en la cadena de una tendencia global preocupante: el endurecimiento de las medidas represivas y el intento de acallar el activismo y la movilización social. La ONG subraya cómo, en los últimos años, las respuestas policiales y judiciales a las protestas —sean estas por el clima, la vivienda o la solidaridad internacional— han resultado en sanciones desproporcionadas, detenciones y acusaciones de delitos graves, llegando incluso a vincularse con el terrorismo o el crimen organizado. La Ley Mordaza en España, el uso excesivo de la fuerza policial y las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) son ejemplos de herramientas que, según la organización, buscan desincentivar la desobediencia civil, un pilar fundamental en la consecución de avances en derechos y libertades históricamente.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, enfatizó que la desobediencia civil y la protesta pacífica no representan una amenaza para la legalidad, sino un motor esencial para el progreso democrático. Afirmó que reducir la movilización ciudadana a una mera cuestión de orden público es ignorar su rol crucial como contrapoder y termómetro de la salud democrática, sirviendo como canal para la indignación y la búsqueda de soluciones a injusticias. Javier Raboso, de la misma organización, añadió que en un contexto de crisis climática acelerada y declive democrático, la desobediencia civil pacífica es una herramienta indispensable para afrontar los desafíos contemporáneos.

El equipo legal de los activistas argumenta que la pena solicitada es desproporcionada y refleja un entorno de máxima represión contra la protesta, ignorando el principio de que el derecho a manifestarse prevalece sobre molestias menores. La abogada Inés Díez afirmó que los hechos juzgados se enmarcan en la protesta pacífica, sin causar daños a personas ni a la circulación marítima, y que los activistas nunca debieron enfrentar un proceso penal de cinco años por ejercer su derecho a la protesta. Francisco del Pozo, uno de los acusados, reflexionó sobre el elevado costo personal de ser activista, esperando que este caso siente un precedente favorable para el activismo pacífico futuro.

En el marco de este histórico proceso, Greenpeace ha promovido un diálogo social más amplio sobre la criminalización del activismo y la protección de la protesta pacífica. En colaboración con el Centro Europeo de Derecho sin Fines de Lucro (ECNL), se organizó un evento para debatir la desobediencia civil desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con la participación de Hélène Tigroudja, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente se entrelazan en este juicio. La comunidad internacional y las organizaciones civiles observan de cerca cómo se desarrolla este caso, que podría establecer un importante precedente para el futuro del activismo y la libertad de expresión en la lucha contra la crisis climática.