A partir del 1 de enero de 2027, las administraciones locales y regionales, junto con el Departamento de Servicios Generales de California, tendrán la prohibición de utilizar agua potable para el riego de superficies de césped meramente ornamentales, como las franjas verdes que adornan los estacionamientos. Esta medida, que inicialmente exceptúa a las comunidades menos favorecidas, se extenderá progresivamente a empresas y complejos residenciales, aplicándose incluso en periodos sin sequía para garantizar la conservación del recurso hídrico.

Esta trascendental normativa, la ley AB 1572, fue ratificada por el gobernador Gavin Newsom el 13 de octubre de 2023. Su concepción se atribuye a Laura Friedman, entonces asambleísta demócrata por Burbank, y contó con el respaldo de importantes entidades como el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y la organización Heal the Bay, destacando la colaboración entre legisladores y grupos ambientalistas para impulsar políticas de sostenibilidad.

En declaraciones de junio de 2023, cuando el distrito metropolitano expresó su apoyo, Friedman enfatizó que "el derroche de agua potable en céspedes no funcionales es una práctica insostenible que dilapida tanto recursos naturales como económicos". La legisladora subrayó que esta legislación no solo contribuirá al ahorro de agua, sino que también promoverá la adopción de soluciones paisajísticas que embellezcan los entornos de manera respetuosa con el medio ambiente, excluyendo explícitamente los jardines de viviendas unifamiliares y las áreas destinadas a actividades recreativas o deportivas.

La Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos de California ha definido con precisión lo que se considera césped no funcional, diferenciándolo de las áreas verdes utilizadas para propósitos comunitarios, deportivos o lúdicos. Esta distinción es crucial para la aplicación de la ley, que no obliga a la eliminación del césped, sino que promueve el uso de fuentes alternativas de riego, como el agua reciclada o la lluvia recolectada, para aquellas zonas que no cumplen una función activa más allá de lo estético.

El calendario de implementación de la ley se extiende desde 2027 hasta 2031, iniciando con las propiedades gestionadas por el Departamento de Servicios Generales y las administraciones locales y públicas. Posteriormente, en 2028, la restricción incluirá a todas las propiedades comerciales, industriales e institucionales, como hospitales y universidades. Finalmente, en 2029, la medida alcanzará a las zonas comunes de asociaciones de propietarios. Las comunidades desfavorecidas dispondrán de un plazo más amplio, hasta 2031, condicionado a la disponibilidad de fondos estatales para facilitar la transición a paisajes de bajo consumo hídrico.

El Parlamento californiano justificó la ley señalando que el riego de césped ornamental con agua potable es "despilfarrador y contraviene la política estatal sobre cambio climático y conservación del agua". Un informe de 2005 reveló que California poseía 1.1 millones de hectáreas de césped, en su mayoría regadas con agua potable, lo que representa una porción significativa del consumo urbano de agua. La nueva regulación busca reservar este recurso para usos esenciales y ahorrar la energía asociada a su potabilización, adaptando California a un futuro con menos precipitaciones y temperaturas más elevadas.

Ed Osann y Linda Escalante del NRDC, al aprobarse la ley, comentaron que "tras tres severas sequías en un lapso de quince años, la necesidad de restringir el riego de césped puramente ornamental en espacios públicos es innegable". Se estima que esta normativa podría generar un ahorro de hasta 300,000 acres-pie de agua anualmente en el área metropolitana, equivalente al consumo de casi un millón de hogares. Es importante destacar que la ley contempla excepciones para el mantenimiento de árboles y otras plantas perennes, así como para situaciones que requieran atención urgente por motivos de salud o seguridad, y excluye los cementerios y el uso de agua reciclada para riego.

Para facilitar la adaptación, el Departamento de Recursos Hídricos de California destinó 38 millones de dólares al distrito metropolitano en noviembre de 2023, aumentando los incentivos económicos para empresas e instituciones que reemplacen su césped por alternativas de bajo consumo hídrico. Karla Nemeth, exdirectora del departamento, destacó que este es "el momento idóneo para transformar nuestros jardines y prepararnos para un futuro más seco", asegurando que las comunidades, independientemente de sus ingresos, puedan afrontar futuras sequías. En el norte de California, agencias como Valley Water ofrecen ayudas considerables, animando a la planificación temprana para evitar multas, que pueden ascender a 1000 dólares diarios por infracción a partir de 2030, momento en que los propietarios de grandes superficies irrigadas deberán certificar su cumplimiento.