La Ley de Movilidad Sostenible de España ha suscitado una fuerte polémica al dejar fuera de sus mecanismos de toma de decisiones a la movilidad activa. Diversas organizaciones sociales, ecologistas y sindicales han alzado su voz para denunciar esta exclusión, argumentando que socava los principios de descarbonización, mejora de la salud pública y fomento de ciudades más habitables. Esta situación, señalan, contradice el espíritu de una normativa que debería promover un transporte más respetuoso con el medio ambiente y accesible para todos los ciudadanos. La representación nula de peatones y ciclistas en los nuevos órganos de gobernanza pone en entredicho la consecución de una movilidad verdaderamente sostenible y equitativa en el país.

La Movilidad Sostenible en Entredicho: Críticas a la Exclusión de Peatones y Ciclistas en la Nueva Ley

El 9 de junio de 2026, una coalición de entidades ecologistas, sindicales y ciclistas de España hizo pública su preocupación por la reciente Ley de Movilidad Sostenible. La principal objeción se centra en que la normativa margina la movilidad activa, es decir, el desplazamiento a pie y en bicicleta, de sus órganos de gobernanza. Específicamente, los borradores del Consejo Superior de Movilidad Sostenible, el Foro Territorial y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) no contemplan una representación directa para peatones y ciclistas.

Estas organizaciones advierten que, según los documentos, los modos de transporte vinculados al automóvil y las infraestructuras convencionales acapararían más del 70% de la capacidad de decisión. Por el contrario, la movilidad peatonal y ciclista quedaría con un preocupante 0% de representación directa. Esta desproporción genera inquietud, ya que la ley, en su origen, buscaba precisamente impulsar una movilidad más ecológica, saludable y eficiente. Para los colectivos críticos, este modelo perpetúa la dependencia del vehículo motorizado, obstaculizando la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire.

Además, la exclusión no solo afecta a la movilidad activa, sino también a grupos vulnerables como la infancia, las personas mayores y aquellos con menos recursos económicos, así como a entidades dedicadas a la salud pública y la protección ambiental. La falta de una representación adecuada de estos sectores impide que sus necesidades sean consideradas en el diseño de las políticas de movilidad. Los denunciantes también critican que la participación pública se ha reducido a un mero trámite administrativo, solicitando mayor transparencia y justificación en la aceptación o rechazo de alegaciones.

Ante esta coyuntura, las organizaciones instan a una modificación de la composición de los órganos de gobernanza antes de la aprobación definitiva de la ley. Proponen la creación de secciones permanentes especializadas en movilidad activa e intermodalidad, con capacidad real de participación y voto, para asegurar que la sociedad civil organizada influya efectivamente en las decisiones. La sostenibilidad, enfatizan, solo podrá materializarse si se escucha la voz de quienes la promueven activamente en el día a día.

Desde una perspectiva periodística y ciudadana, la situación generada por la Ley de Movilidad Sostenible revela una brecha entre los objetivos declarados de sostenibilidad y su implementación práctica. Es fundamental que las normativas futuras no solo reconozcan la importancia de la movilidad activa, sino que también le otorguen un asiento en la mesa de decisiones. De lo contrario, los esfuerzos por construir ciudades más verdes y equitativas podrían quedarse en meras intenciones, sin un impacto real en la vida de las personas ni en la protección del medio ambiente. La verdadera transformación requiere una participación inclusiva y un compromiso genuino con los principios de sostenibilidad.