Greenpeace, una organización ecologista, ha presentado diversas objeciones al proyecto gubernamental español para reformar la gestión del riesgo de inundaciones. La organización reconoce que el gobierno ha admitido la ineficacia de la normativa anterior, que no logró frenar el crecimiento urbanístico en zonas vulnerables. Sin embargo, enfatiza que esta autocrítica debe traducirse en acciones concretas, de lo contrario, carece de sentido y resulta engañosa para los ciudadanos.

Para abordar la problemática, Greenpeace exige la prohibición de nuevas licencias en terrenos susceptibles de inundación, eliminando el plazo de adaptación de cinco años para los ayuntamientos que podría agilizar permisos. Asimismo, aboga por reemplazar el uso excesivo de hormigón con alternativas más sostenibles y por la creación de planes de reubicación para comunidades en alto riesgo. La organización subraya la falta de prevención, incluso dos años después de eventos catastróficos como el DANA de Valencia, donde, según se mencionó, 230 personas habrían fallecido en 2024, y las riadas de 2019, 2023 y 2025.

La organización también advierte que los modelos estadísticos tradicionales, basados en períodos de retorno de 100 o 500 años, son obsoletos debido a la desestabilización del ciclo natural del agua por el calentamiento global. Julio Barea, de Greenpeace España, señala que la “planificación humana padece de una amnesia institucional preocupante” y que mantener enfoques estáticos solo conduce a futuras tragedias. Greenpeace critica la nueva normativa por su tibieza, destacando que elevar edificios no previene el aislamiento ni el colapso de infraestructuras, y permite que el mercado inmobiliario continúe operando en zonas de riesgo. La entidad solicita al MITECO que incorpore escenarios predictivos más exigentes en la cartografía de riesgo, prohíba absolutamente nuevos desarrollos en zonas inundables y desarrolle una Estrategia Nacional de Retirada Selectiva Gestionada y Reubicación para proteger a las poblaciones vulnerables.

La protección de nuestro entorno natural y la seguridad de las comunidades son imperativos urgentes que demandan una acción decisiva y una visión a largo plazo. Es crucial que las políticas públicas se alineen con la realidad climática actual, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y garantizando que la vida y el bienestar de los ciudadanos sean la prioridad máxima. Solo así podremos construir un futuro más resiliente y equitativo para todos.