La recurrente amenaza de los incendios forestales en España ha alcanzado un punto crítico, con más de 100.000 hectáreas arrasadas y casi una treintena de grandes fuegos en lo que va de año. Esta situación alarmante ha impulsado a las organizaciones ecologistas a reclamar un pacto de Estado integral. El objetivo es claro: trascender las divergencias políticas y establecer una estrategia nacional que priorice la prevención, fortalezca la coordinación interadministrativa y prepare el territorio para los desafíos del cambio climático. La inacción ya no es una opción frente a la magnitud de la destrucción.

El verano actual ha sido particularmente devastador, con cifras que superan con creces los promedios anuales de incendios forestales en España. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), hasta julio se han registrado más de 5.000 incendios, de los cuales 29 han sido catalogados como grandes incendios forestales (GIF), superando las 500 hectáreas. Esta cifra excede significativamente la media anual de 23 GIF. A pesar de los esfuerzos y la eficacia de los equipos de extinción, que logran controlar la mayoría de los focos antes de que crezcan, el sistema actual se concentra principalmente en la respuesta una vez iniciado el fuego, dejando la prevención con una inversión notablemente inferior.

Diversos factores se conjugan para agravar la problemática. El abandono del ámbito rural ha propiciado una acumulación de vegetación seca, que actúa como combustible. A esto se suman las sequías extremas y las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, fenómenos directamente relacionados con el calentamiento global. La expansión urbana hacia zonas forestales también complica el panorama, transformando muchos incendios en emergencias de protección civil que requieren evacuaciones y defensa de propiedades. Además, la simultaneidad de grandes focos en distintas regiones sobrecarga los recursos, dificultando una respuesta rápida y efectiva en las fases iniciales de los siniestros.

Las organizaciones ecologistas proponen un conjunto de medidas ambiciosas para mitigar el riesgo. Entre ellas, la implementación del Real Decreto 716/2025, la identificación de áreas de alto riesgo, el fomento de quemas controladas y la restauración ecológica. Un punto clave es la gestión anual de al menos el 1% de la superficie forestal nacional, lo que equivale a unas 260.000 hectáreas. Esto implicaría recuperar mosaicos agroforestales, impulsar la ganadería extensiva y apoyar actividades económicas que contribuyan a reducir la biomasa combustible. Consideran que un pacto de Estado es fundamental para asegurar una financiación plurianual estable, establecer indicadores comunes y lograr una planificación compartida entre todas las administraciones.

La necesidad de un pacto de Estado contra los incendios forestales es ineludible. En un contexto de cambio climático que intensifica la virulencia y frecuencia de estos eventos, la estrategia debe ir más allá de la gestión de emergencias. Es imperativo transformar la respuesta inmediata en una política forestal permanente, centrada en la prevención y la adaptación del territorio. Solo así se podrá proteger de manera efectiva el patrimonio natural de España y garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a un problema que se perfila como uno de los mayores desafíos ambientales y sociales del país.