Un incidente en Sevilla puso de manifiesto los desafíos que pueden surgir con la infraestructura de vehículos eléctricos. Un propietario se encontró con la desagradable sorpresa de que dos de sus coches eléctricos sufrieron averías mientras se cargaban en una estación de su propiedad. A pesar de que la instalación aún estaba bajo garantía, la empresa encargada, Iberdrola, inicialmente rechazó asumir los gastos de reparación. Esta situación llevó al afectado a buscar el apoyo de una asociación de consumidores.

Tras la intervención de la asociación Facua ante la Junta Arbitral de Consumo, se emitió un laudo que obligaba a Iberdrola a indemnizar al propietario. La resolución estipulaba que la empresa debía abonar 515 euros para cubrir los costes de las reparaciones de los automóviles y, además, proceder al cambio inmediato del equipo de carga averiado en el garaje del afectado. Los argumentos de Iberdrola para evadir el pago no prosperaron, ya que Facua presentó pruebas contundentes de que el origen del problema residía en un fallo técnico del punto de carga, y no en un error por parte del usuario.

El incidente tuvo lugar después de que el punto de carga, instalado en febrero de 2022, funcionara con normalidad hasta abril de 2024. Fue entonces cuando, al conectar uno de sus vehículos, el propietario recibió un mensaje de error indicando "batería carga imposible". Este mismo problema se repitió al intentar cargar un segundo coche eléctrico. Las reparaciones de ambos vehículos, que permanecieron inmovilizados en el taller por más de un mes, ascendieron a un total de 515 euros.

Ante la falta de una solución por parte de Iberdrola, el usuario, miembro de Facua Sevilla desde 1994, acudió a la asociación. El equipo jurídico de Facua inició el proceso de reclamación, solicitando tanto la sustitución del punto de carga, que aún se encontraba dentro del periodo de garantía de tres años establecido por la normativa europea, como el reembolso del dinero gastado en las reparaciones. Para lograr este objetivo, Facua recurrió a la Junta Arbitral de Consumo, presentando evidencias del taller que confirmaban que el mal funcionamiento del equipo de carga había sido la causa directa de los daños en los vehículos.

Este caso subraya la importancia de contar con un soporte técnico fiable y garantías claras para los puntos de carga de vehículos eléctricos. Además, resalta el papel crucial de las asociaciones de consumidores en la defensa de los derechos de los usuarios frente a incidencias técnicas, asegurando que las responsabilidades se atribuyan correctamente y que se obtenga la compensación adecuada en caso de fallos en la infraestructura.