Organizaciones medioambientales de toda Europa han manifestado su profunda preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea para la futura Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2027. La principal crítica se centra en la percibida insuficiencia de apoyo financiero y salvaguardias rigurosas para impulsar una transición ecológica en el sector agrícola. Argumentan que esta falta de un marco financiero robusto podría dejar a los Estados miembros con demasiada autonomía para diluir los estándares ambientales, poniendo en riesgo los compromisos climáticos y de biodiversidad del continente. A pesar de reconocer ciertos aspectos positivos en la propuesta, como la reorientación de los pagos, la ausencia de una partida presupuestaria específica para la sostenibilidad se considera un obstáculo insalvable para lograr un cambio significativo en las prácticas agrícolas.

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), en colaboración con entidades destacadas como BirdLife Europe, WWF y Greenpeace, ha alzado su voz para señalar que la ausencia de fondos dedicados y de protecciones sólidas dentro de la nueva propuesta de la PAC compromete seriamente las metas de la Unión Europea en materia climática y de conservación de la biodiversidad. Este escenario, advierten, podría generar una disparidad entre los agricultores de los distintos países miembros, al delegar en ellos la responsabilidad de establecer sus propias condiciones ambientales sin una orientación económica clara. La flexibilización excesiva de las normativas ambientales podría llevar a una carrera a la baja, donde los países compitan reduciendo sus estándares para obtener ventajas competitivas, en detrimento del medio ambiente.

Théo Paquet, portavoz de políticas agrarias de la EEB, enfatiza que la actual propuesta otorga una libertad excesiva a los gobiernos nacionales para determinar sus criterios ecológicos. Esta situación, según Paquet, no solo carece de un respaldo monetario específico para los objetivos ecológicos, sino que también expone a los agricultores a los impactos de la crisis climática sin el apoyo adecuado. Aunque se valora positivamente la reforma en los pagos directos, que buscaría beneficiar a las explotaciones de menor tamaño, la falta de un compromiso financiero vinculante para la sostenibilidad es un punto de discordia. Los críticos resaltan la necesidad de mecanismos de supervisión efectivos que aseguren que los fondos públicos se traduzcan en resultados ambientales tangibles, y lamentan que se mantengan subvenciones que perjudican el entorno, como las destinadas a la ganadería intensiva o al uso insostenible del agua, sin condiciones ecológicas claras. La preocupación se intensifica al considerar que la propuesta llega después de una serie de simplificaciones que ya habían debilitado las salvaguardias ambientales de la PAC vigente.

Las organizaciones ecologistas señalan que, si bien la propuesta incluye elementos prometedores como la progresiva reducción de las ayudas por superficie para favorecer a pequeñas y medianas explotaciones, y la simplificación de los pagos por prácticas ecológicas, estas medidas corren el riesgo de ser meramente simbólicas si no van acompañadas de una financiación adecuada. Argumentan que el plan actual no aborda de manera efectiva los desafíos relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, lo que podría socavar la resiliencia del sistema agrícola europeo. Además, la flexibilidad excesiva y la carencia de un compromiso financiero claro podrían fragmentar aún más el mercado único y acentuar las desigualdades entre los agricultores de la UE.

Para las entidades medioambientales, es crucial que la Política Agrícola Común sea reemplazada por una nueva Política Agrícola, Alimentaria y de Gestión del Territorio, orientada a resultados y plenamente alineada con las metas climáticas y sociales de la Unión Europea. Consideran que el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) representa una oportunidad vital para corregir las deficiencias ambientales de la PAC actual, tal como han destacado recientes análisis del Tribunal de Cuentas Europeo. Este cambio, afirman, es indispensable para garantizar una agricultura verdaderamente sostenible y equitativa en Europa.