En un esfuerzo concertado por salvaguardar los valiosos recursos marinos de España, la organización ambiental Oceana está liderando una iniciativa para fortalecer la legislación contra la pesca ilegal. Coincidiendo con el proceso parlamentario de una nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, Oceana ve una oportunidad crucial para cerrar las lagunas legales existentes. Esta reforma es percibida como esencial para asegurar un futuro más sostenible para los océanos y para proteger a los pescadores que operan de manera responsable. La propuesta cuenta con el respaldo de influyentes grupos ecologistas como WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y ClientEarth, subrayando la urgencia y la importancia de esta medida para la conservación marina.

La plataforma ha organizado un foro de discusión en el Congreso de los Diputados, reuniendo a actores clave del ámbito político, científico, sindical y pesquero. El objetivo principal es la implementación de una normativa más ambiciosa que intensifique la vigilancia y la transparencia en el sector pesquero nacional. Uno de los puntos focales de esta campaña es la erradicación de la opacidad corporativa que a menudo encubre el agotamiento de los caladeros y la consecuente devastación de la diversidad biológica marina. Conocer la verdadera identidad de los propietarios de las embarcaciones se considera vital para combatir el fraude pesquero y mitigar la competencia desleal que perjudica a las economías de las comunidades costeras españolas.

La jornada, titulada “La nueva Ley de Control Pesquero: transparencia para combatir la pesca ilegal”, ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema de vigilancia marítima más robusto. Oceana argumenta que la falta de claridad actual permite a ciertas empresas ocultar sus operaciones, lo que no solo daña a los pescadores que cumplen con la ley, sino que también provoca un deterioro significativo en los ecosistemas marinos. Durante el evento, participaron representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como diversas organizaciones ambientales, académicos y profesionales del sector, todos ellos comprometidos con la búsqueda de soluciones efectivas.

La transparencia se ha erigido como el pilar fundamental en la lucha contra las actividades ilícitas en el sector pesquero. Las organizaciones enfatizan la importancia de identificar a los verdaderos controladores de los buques y a quienes se benefician económicamente de la pesca, como un paso indispensable para prevenir prácticas irregulares y mejorar la gestión del sector. Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, ha señalado que la opacidad actual facilita un negocio lucrativo que degrada los océanos, perjudica a las comunidades costeras y distorsiona la competencia justa. Por ello, Oceana aboga por la inclusión de mecanismos en la nueva ley que permitan una identificación clara y sin ambigüedades de los propietarios reales de las embarcaciones y las empresas asociadas a sus operaciones.

Entre las medidas específicas propuestas por las ONG, destaca la prevención de que empresas españolas recurran a registros de otros países con controles menos rigurosos para eludir las normativas nacionales e internacionales. Asimismo, se solicita que las compañías españolas puedan ser sancionadas por actividades ilícitas realizadas fuera de las aguas jurisdiccionales, reforzando así la responsabilidad de los operadores. Un aspecto crucial es la tipificación como infracción del apagado deliberado de los sistemas de localización AIS, una práctica que obstaculiza gravemente el seguimiento y control de las embarcaciones pesqueras, impidiendo su correcta monitorización.

Las organizaciones también subrayan que la reforma legislativa no solo debe centrarse en la persecución de los infractores, sino también en la protección y el fomento de aquellos pescadores que desarrollan su actividad respetando estrictamente las normas y los principios de sostenibilidad. Una regulación más firme y transparente contribuiría a una competencia equitativa, reforzaría la confianza de los consumidores y garantizaría la preservación de los recursos pesqueros para las futuras generaciones. De este modo, Oceana reitera que una ley más contundente contra la pesca ilegal es beneficiosa tanto para la salud de los océanos como para la integridad de un sector pesquero comprometido con la sostenibilidad.

La comunidad ambientalista considera que España tiene la oportunidad de consolidarse como un referente internacional en la gestión pesquera al implementar una legislación moderna. Esta legislación debe combinar un control efectivo, una transparencia integral y sanciones proporcionales a las infracciones cometidas. El consenso entre Oceana, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y ClientEarth refleja la amplia necesidad de actualizar el marco legal para abordar los desafíos contemporáneos. La exigencia de sancionar penalmente a las empresas que utilizan banderas de conveniencia extranjeras con leyes laxas, así como la tipificación delictiva de la desconexión de geolocalizadores satelitales, son ejemplos de la determinación por asegurar una explotación sostenible de los recursos marinos. Una legislación rigurosa y clara es fundamental para proteger la viabilidad de las flotas artesanales que practican la pesca sostenible, posicionando a España en la vanguardia de la gobernanza ambiental global.