La expansión del vertedero de Santovenia de Pisuerga, un sitio clave para la gestión de desechos en la región de Castilla y León, ha recibido la luz verde del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Sin embargo, esta aprobación se ha producido a pesar de la fuerte resistencia por parte de grupos ambientalistas, representantes sindicales y algunos sectores de la administración pública, marcando el inicio de un nuevo capítulo de disputas legales y políticas en torno a la instalación.

La modificación autorizada incrementará la capacidad del depósito de residuos industriales peligrosos en 125,000 metros cúbicos. No obstante, diversas organizaciones, como Ecologistas en Acción, denuncian la existencia de un informe urbanístico que desaconseja la ampliación, lo que, según su interpretación, debería impedir legalmente la continuación del proyecto.

Desde sus inicios en 1993, el complejo de Santovenia ha sido fuente de debates constantes sobre la gestión de residuos peligrosos. Los opositores recuerdan episodios como vertidos no autorizados, fugas contaminantes, la presencia de aguas subterráneas bajo el depósito y un incendio, lo que ha alimentado la desconfianza pública.

Un punto central de la controversia es el informe emitido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga en junio de 2024. Este documento concluye que la expansión propuesta no cumple con el plan de urbanismo municipal, que prohíbe la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Esta conclusión, según la legislación vigente sobre prevención de la contaminación, podría tener un impacto decisivo en la tramitación del proyecto.

Adicionalmente, un dictamen de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, fechado en marzo de 2026, refuerza la postura de los críticos. Este dictamen establece que un informe urbanístico negativo, si se recibe antes de otorgar la autorización ambiental, debería llevar al archivo del expediente, lo que subraya la delicada situación legal en la que se encuentra el proyecto.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha instado públicamente a la Junta de Castilla y León a no firmar la orden definitiva que permitiría la modificación de la autorización ambiental. La organización exige que los nuevos responsables de Medio Ambiente detengan el procedimiento y respeten las conclusiones del informe municipal, argumentando que ignorarlas vulneraría el marco legal actual.

La organización ambiental ha advertido que, de seguir adelante la autorización, presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitará medidas cautelares y considerará la posibilidad de iniciar acciones penales por la aprobación del acuerdo. Este pulso entre las autoridades y los colectivos subraya la complejidad de armonizar la gestión de residuos industriales con las demandas ambientales, urbanísticas y sociales, especialmente en áreas cercanas a zonas habitadas. El destino final de este proyecto dependerá de la decisión de la Junta y de los posibles procesos judiciales que se desencadenen, manteniendo la protección del río Pisuerga y el cumplimiento normativo en el centro del debate.