Una decisión judicial con importantes implicaciones ha puesto en el centro del debate la situación del lobo ibérico en España. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha impulsado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que había reducido las medidas de protección para esta especie. Este movimiento legal, respaldado por organizaciones ecologistas, busca restablecer las salvaguardias ambientales del lobo, una especie crucial para el equilibrio natural del país.

La ofensiva judicial contra la desprotección del lobo ibérico ha sido liderada por el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecoloxistas en Acción. Estas entidades argumentan que la modificación legislativa que relajó la protección del lobo vulnera principios constitucionales fundamentales, los derechos de participación ciudadana en temas ambientales y las evidencias científicas. Según los ecologistas, la normativa debe basarse en la ciencia y no en intereses políticos o caprichos, un argumento que ha encontrado eco en el TSXG.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Específicamente, cuestiona cómo se pudo eliminar parte del régimen de protección del lobo y facilitar autorizaciones para el control de su población. El tribunal cree que estas modificaciones podrían estar en conflicto con principios esenciales como la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Además, el auto judicial hace hincapié en el Convenio de Aarhus, un instrumento internacional clave que garantiza la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Los magistrados también señalaron la posible violación del principio de no regresión ambiental, que prohíbe reducir los niveles de protección ambiental existentes sin una justificación sólida y basada en pruebas científicas rigurosas.

Las organizaciones ecologistas han acogido con entusiasmo esta resolución, considerándola un hito para la protección de la biodiversidad. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, destacó la importancia de legislar con base científica, mientras que Ernesto Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, ve en esta decisión un posible punto de inflexión para el futuro de la especie en España.

Ahora, la última palabra recae en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si admite a trámite esta cuestión de inconstitucionalidad. En caso de que así sea, podría anular los preceptos impugnados y restaurar la protección estatal para el lobo ibérico, lo que implicaría la pérdida de validez legal de muchas autorizaciones de control o caza emitidas bajo la normativa actual. Los expertos recuerdan que el lobo ibérico, cuyo estado de conservación es desfavorable según el Ministerio para la Transición Ecológica, es vital para el equilibrio de los ecosistemas.

El destino del Canis lupus Linnaeus pende ahora del Tribunal Constitucional. Si el caso es aceptado, las leyes autonómicas actuales podrían ser invalidadas, eliminando inmediatamente los permisos de caza. El Ministerio para la Transición Ecológica subraya la precariedad de la conservación de este gran cánido, cuya preservación es fundamental para el ecosistema ibérico, una prioridad que el sistema judicial aspira a salvaguardar de manera definitiva.