Frente a los desafíos de la actualidad, dos influyentes organizaciones ecologistas, Greenpeace y SEO/BirdLife, han unido fuerzas para proponer la implementación de un "contrato social verde". Esta iniciativa subraya la importancia de entrelazar la salvaguarda del medio ambiente con pilares esenciales del bienestar social, tales como la disponibilidad de vivienda, la protección de la salud pública y la seguridad de las comunidades. Su llamado busca que las futuras políticas gubernamentales, surgidas de las próximas elecciones del 29 de noviembre, garanticen un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental y el progreso social.

La propuesta de un contrato social verde sugiere que la discusión sobre el medio ambiente debe trascender los límites convencionales y adentrarse en la esfera de las decisiones cotidianas que impactan la forma de vivir, consumir y afrontar la actual crisis climática. Las directoras de ambas organizaciones enfatizan la conexión directa entre la protección de las personas y la conservación de los ecosistemas, considerándolos elementos interdependientes para asegurar un futuro de bienestar. Además, han realizado una evaluación de la legislatura actual en materia ambiental, identificando los avances logrados y señalando las áreas prioritarias para una acción más ambiciosa, siempre bajo la premisa de que la naturaleza es fundamental para la seguridad y calidad de vida de las personas.

Desde Greenpeace, se hace un llamado a la acción cívica para fortalecer la democracia y forjar un futuro equitativo y pacífico, libre de la "avaricia" y el "negacionismo". La visión de un país con aire puro, viviendas protegidas de la especulación y las inclemencias del tiempo, energía limpia y accesible, alimentos saludables y un entorno resguardado de los combustibles fósiles y el cambio climático, es presentada no como una utopía, sino como un objetivo alcanzable. Por su parte, SEO/BirdLife celebra los logros ambientales de la legislatura anterior, destacando el creciente reconocimiento de la biodiversidad, el clima y la conservación marina en la agenda política. A pesar de estos avances, advierten que la crisis ecológica persiste y sus efectos se sienten con fuerza en las comunidades. Por ello, insisten en que el "contrato social del siglo XXI" debe asegurar, junto con los derechos fundamentales a la vivienda, salud, educación y empleo, el acceso a agua y aire limpios, ecosistemas sanos y territorios resilientes frente al cambio climático.

Este enfoque integral nos invita a redefinir el concepto de progreso, alineando el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental y social. Solo a través de un compromiso colectivo y una visión a largo plazo podremos construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con el entorno natural, asegurando un legado positivo para las generaciones venideras.