Las organizaciones científicas SECEM y DIRUS han expresado su profunda preocupación por la situación actual del lobo ibérico, calificando su estado de conservación como alarmante. Ambas entidades enfatizan que una evaluación completa de la especie no debe limitarse únicamente al recuento de manadas, sino que debe considerar un conjunto más amplio de factores que impactan significativamente en su viabilidad a largo plazo. Entre estos elementos críticos, destacan la escasa diversidad genética y la endogamia de las poblaciones peninsulares, su aislamiento de otras poblaciones europeas, la continua fragmentación y degradación de su hábitat natural, y la elevada tasa de mortalidad causada por factores ajenos a la naturaleza, como la caza furtiva, los atropellos y el envenenamiento.

En un contexto de debate público y administrativo sobre la gestión del lobo, SECEM y DIRUS participaron activamente en el proceso de información abierto por el Gobierno. Este proceso buscaba recabar opiniones sobre el informe sexenal del Ejecutivo, que también concluye un estado desfavorable para la especie, y contrastarlo con posturas regionales que, basándose en un aumento numérico de manadas, sugieren una situación más optimista. La discrepancia radica en la interpretación de los datos, ya que un estado de conservación favorable podría justificar medidas de control letal de las poblaciones, una opción rechazada por estas sociedades científicas sin una justificación rigurosa.

La Sociedad Ibérica para Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) ha sido contundente al afirmar que la evidencia científica disponible no respalda una mejora en el estado de conservación del lobo en España. Por ello, solicitan que la conclusión del informe sexenal mantenga la valoración desfavorable. SECEM ha liderado la evaluación del lobo para la Lista Roja de España, donde la especie ha sido clasificada como “vulnerable” debido, entre otros factores, a que el número de individuos maduros es inferior a mil. Esta clasificación indica un alto riesgo de extinción en estado salvaje. La vulnerabilidad se agrava por la baja variabilidad genética y el aislamiento de la población ibérica, lo que la hace susceptible a eventos aleatorios y a la mortalidad no natural. La SECEM considera que sería ilógico declarar favorable el estado de una población clasificada como vulnerable y que no muestra signos claros de recuperación demográfica o funcional.

El argumento de un supuesto incremento de manadas entre los censos de 2012-2014 y 2021-2024, esgrimido por algunas comunidades autónomas para justificar una valoración favorable, es cuestionado por la SECEM. La sociedad científica sugiere que este aumento podría deberse más a mejoras en las técnicas de monitoreo que a un crecimiento real de la población. Además, la evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala múltiples factores persistentes que contradicen una recuperación efectiva: la extinción de la subpoblación en Sierra Morena, la reducida diversidad genética, la ausencia de una expansión espacial sostenida y la continua alta mortalidad no natural.

Por su parte, la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales (DIRUS) también ha insistido en que una simple lectura numérica de las estimaciones poblacionales no es suficiente para declarar un estado de conservación favorable. Factores como la persistencia de una elevada mortalidad no natural, el bajo reclutamiento efectivo, la endogamia, la escasa diversidad genética, la fragmentación funcional y la falta de recolonización natural de territorios históricos, impiden, según DIRUS, la aprobación de cualquier forma de caza ordinaria, cuotas genéricas o controles letales indiscriminados. Argumentan que cualquier medida letal debe ser previamente justificada por su necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad y su compatibilidad con el mantenimiento o restablecimiento de un estado de conservación favorable para la especie.

Ambas organizaciones exigen que no se declare favorable el estado del lobo en España hasta que no se cumplan simultáneamente condiciones como una población viable, un área de distribución natural suficiente y conectada, un hábitat funcional adecuado y perspectivas futuras positivas. Además, solicitan que el informe sexenal no se utilice como base para autorizar la caza o controles letales no individualizados mientras no se acredite un estado favorable. Subrayan que la conclusión desfavorable no debe depender exclusivamente del debate sobre el número de manadas, sino de una combinación de factores acumulativos como la mortalidad no natural, el bajo reclutamiento, la endogamia, la baja diversidad genética, la fragmentación del hábitat y las perspectivas negativas futuras.

Finalmente, proponen una revisión de la evaluación poblacional para evitar extrapolaciones que puedan conducir a duplicidades o sobreestimaciones, y que las perspectivas futuras integren todos los tipos de mortalidad (legal e ilegal), el impacto de enfermedades, la eficacia de las medidas de coexistencia y la acumulación de presiones territoriales. En cuanto al hábitat, instan a una evaluación profunda que considere la funcionalidad ecológica real, incluyendo la disponibilidad de presas silvestres, áreas de refugio y cría, corredores ecológicos seguros, el impacto de incendios e infraestructuras, y la perturbación en los territorios, especialmente en los Espacios de la Red Natura 2000. Otras organizaciones ecologistas, como Fondo para la Conservación del Lobo, ASCEL, Ecologistas en Acción y WWF, han apoyado estas alegaciones, reforzando la postura de que el lobo ibérico se encuentra en una situación crítica que requiere una gestión cautelosa y basada en un análisis científico riguroso.