Las principales organizaciones agrarias de España, Asaja, COAG y UPA, han anunciado una "semana caliente" de movilizaciones, que se extenderá del 26 al 30 de enero, con un punto culminante el día 29. El propósito fundamental de estas acciones es ejercer presión política en vísperas de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, programada para el 17 de enero en Asunción. Se anticipan tractoradas y concentraciones masivas en todo el territorio nacional, incluyendo la capital.

El sector agrícola expresa dos preocupaciones principales: por un lado, la "competencia desleal" derivada de la falta de reciprocidad en las normativas (sanidad vegetal, uso de sustancias prohibidas en la UE, estándares ambientales y bienestar animal); por otro, la amenaza de una reducción en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que podría suponer una pérdida de alrededor de 900 millones de euros anuales para España a partir de 2027. Estas protestas no surgen de improviso, ya que se han registrado manifestaciones previas en regiones específicas, que sirven como un preludio de lo que podría suceder a nivel nacional el 29 de enero.

Mientras Bruselas y los defensores del pacto destacan los beneficios estratégicos y económicos del acuerdo, como la apertura de mercados y el ahorro arancelario, las organizaciones agrarias señalan un desequilibrio en la distribución de costos y beneficios, y consideran que el impacto macroeconómico general sería marginal. La pregunta clave es si el Gobierno y la UE ofrecerán garantías concretas, como cláusulas de salvaguardia y controles de reciprocidad, para mitigar los riesgos. De lo contrario, las movilizaciones del 29 de enero podrían transformarse en un plebiscito sobre la financiación y la dirección de la transición regulatoria del sector agrícola.

La unidad y determinación de los agricultores españoles demuestran la importancia de defender los intereses del sector primario. Es fundamental que las autoridades europeas y nacionales escuchen sus demandas y trabajen en soluciones que aseguren un futuro justo y sostenible para la agricultura, garantizando que la producción nacional pueda competir en igualdad de condiciones y que el campo español reciba el apoyo necesario para su desarrollo.